A la situación jurídica de Álvaro Uribe se suma el diagnóstico positivo para Covid 19.

A la situación jurídica de Álvaro Uribe se suma el diagnóstico positivo para Covid 19.

Aparte de la delicada situación jurídica que atraviesa el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acaba de confirmarse que en el día de hoy el exmandatario salió positivo en la prueba de Convid 19, que le fue practicada en su finca El Ubérrimo. La noticia de su salud fue confirmada por el propio expresidente, quien reveló que

Aparte de la delicada situación jurídica que atraviesa el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acaba de confirmarse que en el día de hoy el exmandatario salió positivo en la prueba de Convid 19, que le fue practicada en su finca El Ubérrimo. La noticia de su salud fue confirmada por el propio expresidente, quien reveló que es asintomático y que solo padece dolor de garganta.  Su esposa Lina Moreno se encuentra en Rionegro (Antioquia), debidamente protegida de un eventual contagio.

Expertos en derecho han manifestado que la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no tiene razón de ser. Si fue dictada esa medida para evitar que influyera en el curso de la investigación e interfiriera en las pruebas, la medida no se ajusta a los hechos.

Una persona con  detención domiciliaria puede hablar con quien quiera, recibir visitas, comunicarse por redes, participar en plataformas virtuales, etc. O sea que si realmente quisiera obstruir la justicia lo podría hacer.

Distinto es una detención intramural donde los detenidos no pueden hablar por celular con nadie, no pueden recibir visitas si no están autorizadas previamente, tampoco los detenidos pueden enviar mails o cartas, es decir hay casi absoluta incomunicación. En ese caso si estaría limitado el detenido para como dice la corte “obstruir la justicia”.

La pregunta que salta a la vista es: ¿entonces por qué detuvieron al expresidente Uribe? Y la respuesta tiene dos posibilidades.

Una, para tratar de ponerlo al mismo nivel de otros personajes siniestros que hoy están aspirando a dignidades a pesar de ser expresidiarios o autores de graves crímenes que no pagaron por estar amnistiados. Eso de equiparar a Uribe con criminales de siniestro pasado, desde luego no lo van a lograr nunca.

El motivo número dos de la causa de la detención domiciliaria arbitraria, se puede atribuir a que la justicia en Colombia, en especial la de las altas cortes, está politizada y le está haciendo un favor a alguien. Cualquiera de las dos cosas es inconcebible, lo único cierto es que todo parece indicar que no se falló en derecho.

Desde el presidente Duque hasta humildes colombianos han pedido a la CSJ que dejen al expresidente Uribe defenderse en libertad de un proceso en su contra por falsos testigos, cuyo juicio no ha comenzado.

Uribe se convierte en el primer exmandatario en la historia reciente del país en ser detenido por orden de un juez. Pero la casa por cárcel que le ordenó por unanimidad la Sala de Instrucción de la Corte no representa, necesariamente, que el jefe del Centro Democrático haya perdido la batalla legal en ese alto tribunal.

El diario El Tiempo publicó una buena explicación sobre el caso de Álvaro Uribe, a través de preguntas como las siguientes:

¿Por qué es una situación sin precedentes en la historia del país?

La casa por cárcel contra Álvaro Uribe es inédita porque nunca antes, en la historia moderna de Colombia, un expresidente de la república había estado cobijado por una medida de aseguramiento,que es como se conoce técnicamente a cualquier medida que restrinja la libertad de un investigado.

Esa situación se potencia además porque se trata del político colombiano más exitoso y con mayor poder en las últimas dos décadas, el mismo que logró cambiar la Constitución y revivir la figura de la reelección y que, tras su salida del poder, siguió poniendo presidentes gracias a su caudal electoral.

Pero hay un detalle clave: la decisión de la Corte no cobija a la figura de un expresidente, sino a la de un senador en ejercicio. Uribe está investigado por supuestos hechos ocurridos con posterioridad a su salida de la Presidencia, y por su condición de congresista quedó en la órbita de la Corte Suprema.

¿Cuál es la historia del caso y cuál la situación real de Uribe?

El actual proceso es una segunda parte de una denuncia que Uribe interpuso hace 8 años contra el también senador Iván Cepeda, a quien acusó ante la Corte de buscar en las cárceles del país falsos testigos, supuestamente para enredarlos a él y a su hermano Santiago en crímenes cometidos por los paramilitares.

En el 2018, la Corte cerró el proceso contra Cepeda porque consideró que no había cometido las conductas que le reprochaba Uribe y, al revés, inició una investigación contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos contra el mismo Cepeda. Ese es el proceso que hoy lleva a la orden de casa por cárcel y que tiene en una difícil situación jurídica al abogado de Uribe, Diego Cadena. Este último, según la Fiscalía, habría ofrecido sobornos a testigos para que dijeran que el senador Cepeda les pagó por declarar contra Uribe.

La Sala de Instrucción definió la situación jurídica del senador y le impuso medida de aseguramiento consistente en casa por cárcel. Uribe perdió una batalla, pues por ahora no podrá defenderse en libertad, pero aún está lejos la conclusión de su proceso. En todo caso, la medida en su contra no implica, para nada, que se haya determinado en este momento su eventual responsabilidad en los delitos imputados.

Así, el mismo magistrado que pidió la detención podría considerar, al completar la investigación, que no hay mérito para acusar formalmente, caso en el cual el proceso no llegaría a juicio.

Si finalmente hay acusación contra Uribe, el caso pasaría a los magistrados de la Sala de Primera Instancia. Y el último escenario sería la Sala Penal de la Corte, que hace las veces de segunda instancia. Todo ese proceso puede durar al menos dos años.

¿Qué otras opciones tenía la Corte en el caso de Uribe?

Tras la valoración de decenas de testimonios y pruebas técnicas de las partes en el proceso, la Sala consideró que había mérito para imponer una medida de aseguramiento contra Uribe. El escenario de que siguiera defendiéndose en libertad era posible, y, de hecho, en él han insistido diversos sectores y personajes públicos, incluyendo al presidente Iván Duque.

Según la ley, para imponer una de esas medidas restrictivas de la libertad se requiere la existencia de al menos uno de estos riesgos: que el investigado sea un peligro para la sociedad (que evidentemente no aplicaba en este caso), posibilidad de fuga (casi nula, dado el carácter y el arraigo del investigado) y posible obstrucción de la justicia.

La Corte consideró, analizando el expediente, que ese riesgo sí existe. De hecho, la esencia misma del caso —posibles falsos testigos— se refiere a una eventual afectación de la administración de justicia.

¿Por qué la defensa del expresidente habla de falta de garantías?

Desde el comienzo de la investigación, los abogados y el mismo Uribe han hablado de una supuesta persecución judicial en su contra. En su momento, el expresidente sostuvo duros enfrentamientos con el exmagistrado José Luis Barceló, quien conoció inicialmente de su proceso y ya salió de la Corte por periodo cumplido.

Uno de los cuestionamientos que mantiene la defensa es la inusual ruta por la que la Sala Penal de la Corte, en tiempos de Barceló, llegó a interceptar el teléfono de Uribe: supuestamente, intervinieron el número de otro congresista investigado, pero resultó siendo el teléfono del expresidente. Además, el contenido de esas interceptaciones a un supuesto número equivocado fueron incorporadas al expediente contra Uribe.

Ahora bien: los magistrados que este martes tomaron la decisión de casa por cárcel contra el jefe del Centro Democrático  llegaron a la Corte recientemente. Ellos conforman una sala que se creó para darles mayores garantías a los investigados,  y no habían tenido nada que ver con el caso, por lo que las eventuales reservas de la defensa sobre otros miembros de la Corte no los tocan.

Esos magistrados analizaron un expediente de centenares de páginas y tomaron finalmente una decisión que, a pesar de todos los ruidos, estaba entre las posibilidades legales del proceso.

 

 

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