El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila  declaró válido el Acuerdo 004 de 2019, por el cual el Concejo de Neiva autoriza al alcalde Rodrigo Lara  para contratar un empréstito por 30 mil millones de pesos.

La Sala  Quinta en fallo de única instancia resolvió este asunto que hace tránsito a cosa juzgada, que no controvierto por obvias razones y por tratarse de una resolución que debo respetar, aunque no comparta igual que muchísimos neivanos.

¿Qué significa para la ciudad? El alcalde Lara Sánchez, ya puede disponer de los treinta mil millones de pesos de manera inmediata y a su antojo.

Según el Acuerdo, el dinero será invertido en el alumbrado público, un proyecto casi imposible de realizar porque apenas le faltan menos de cuatro meses para terminar su mandato.

El mandatario, su equipo y allegados, deben estar felices, muy expresado en los medios y las redes sociales,  debido a que van a tener a su disposición nada menos que 30 mil millones de pesos en plena campaña política.

Neiva quedará endeudada para los próximos diez años, perjudicando los dos o tres próximos alcaldes y a la mayoría de los neivanos cuando hay otros asuntos de mayor envergadura para resolver.

La deuda total de Neiva ascenderá a más de 80 mil millones con otros  50 mil millones que debe en el momento el municipio.

El Acuerdo lo demandaron los concejales Juan Carlos Ramón y Juan Carlos Perdomo y, el Gobernador del Huila Carlos Julio González, en una sana decisión y con fundamentos de derecho, lo remitió para su legalidad al Tribunal.

El alcalde Rodrigo Lara, su administración y su Secretaria de hacienda Saharay Rojas, y sus allegados, una vez se conoció el fallo siguen intrigando y confundiendo a la opinión y hasta me insultan y me piden disculparme y retractarme, porque según ellos los he calumniado.

He sido un mensajero combativo para que la gente sepa la verdad de este atropello fiscal.

Saharay Rojas, es abogada y debe saber que la decisión del tribunal se tomó sobre la base del imperio de la constitución, que tiene naturaleza jurídica contenciosa, de acuerdo a la norma sustancial y de procedimiento administrativo y no se evaluó nada en lo  penal, que es donde más he hecho énfasis.

Para mi hay serios indicios de que hay una presunta violación a la ley penal y la fiscalía debería iniciar de oficio la investigación  para  que se demuestre si miento o si se cometieron delitos o no.

No fue una decisión unánime, por el salvamento de voto muy ponderado y con fundamento jurisprudencial de la magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos.

El salvamento de voto es el documento en el que la minoría discrepa o no comparte la decisión adoptada, en su parte resolutiva o  los motivos en que se fundan.

En tal sentido, la magistrada Galvis Bustos, una de los tres miembros de la Sala no comparte que el concejo pueda trasladar funciones de su exclusiva competencia al alcalde, como modificar el presupuesto.

Ni que se desconozcan las normas sobre el Plan Operativo  Anual de Inversiones POAI “que es el principal vínculo entre el Plan de desarrollo y el sistema presupuestal”.

Tampoco menciona las conclusiones del Procurador Judicial administrativo de Neiva,  David de La Torre Vargas, de Neiva, quien señaló que se están desconociendo los principios presupuestales de planificación y programación y encontró que la calificación de riesgo presentada extemporánea de Fitch Ratings es contraria a la ley, como lo he dicho.

Repito, para mi existen sospechas serias  de delitos contra la administración pública que ya los he denunciado como presunta falsedad ideológica en documento público.

En mi columna del 18 de julio ¿Lara por qué insiste en los 30 mil millones?, informo a la opinión pública que el Ministerio de Hacienda devolvió dos veces sin el trámite de registro el contrato con el Banco BBVA por los 30 mil millones de pesos.

Que “no existe coherencia entre el plazo de amortización que son 10 años y dos de gracia, y que por acción o por omisión de la señora Saharay,   se estipularon 40 cuotas, cuando apenas eran 32 de casi 1.700 millones trimestrales, “un pequeño error”, que le pudo haber salido muy caro al municipio, y no les quedó más remedio que corregir.

Que “no es recaudo de alumbrado público, sino es un impuesto que ustedes cobran” y no solo quedarían pignorados solo los recaudos del alumbrado público, como dijo el alcalde Lara, sino todas las rentas del municipio hasta por 45 mil millones de pesos.

Que se pagarán unos 10 mil millones de pesos en intereses, que saldrán del bolsillo de los incautos neivanos. Y si alumbrado público es buen negocio para que embarcar al municipio en deudas con onerosos intereses.

Que el Concejo no revisó mi comprobó detenidamente  la documentación, ni justipreciaron otras alternativas de financiamiento y de conveniencia como lo ordena la ley 80 del 93, según las según las veedurías.

Y que la calificación de riesgos de FITCH RATING, fue extemporánea, no había producido su evaluación y su calificación, cuando ya  la Secretaria de Hacienda, Nayarin Rojas, lo había escrito un  día atrás en el acta de una supuesta reunión del Comfis, falsedad en documento público denunciada en la plenaria del concejo.

No he sido denunciado penalmente y como me hubiera gustado que el Tribunal compulsara copias a la Fiscalía para que se investigue si estoy diciendo verdad o mentira, doctora Rojas, porque para mí se estaría cometiendo el mayor desafuero que ni el más desentido mandatario del municipio más modesto, estoy seguro, se atrevería a hacerlo.