En la Secretaría del Senado de la República fue radicado el proyecto de ley mediante el cual se dictan medidas para contrarrestar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

La iniciativa, autoría de la senadora Nadia Blel y ponencia de Esperanza Andrade, aumenta los castigos por delitos como el proxenetismo, el turismo sexual y la utilización sexual de menores.

“Ante la situación inaceptable de explotación sexual comercial infantil, estamos dando trámite a tan importante proyecto”, manifestó Andrade, durante el acto de radicación.

La propuesta concentra los esfuerzos en endurecer las penas y multas contra los responsables directos de las actividades ilegales contra los menores o quienes las faciliten.

El proyecto está de la mano con la propuesta del presidente Iván Duque de condenar con cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños. “Siempre he dicho que no podemos ser permisivos contra esta clase de delincuentes. Debemos actuar con toda total contundencia para defenderlos a ellos y a la familia”, manifestó la congresista huilense, Esperanza Andrade.

Alcances

El proyecto señala que quien con ánimo de lucro personal o de un tercero organice, facilite, promocione o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de un menor de edad incurrirá en prisión de 26 a 45 años y multa de 67 a 750 salarios mínimos legales.

En relación al estímulo a la prostitución de menores, con el arriendo o facilitación de establecimientos o inmuebles, el victimario recibirá de 26 a 45 años de cárcel. Y de 66 a 750 salarios mínimos legales.

“La pena aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia; y cuando el inmueble esté vinculado a actividades turísticas”, explicó la senadora Andrade.

También podrá ir a la cárcel la persona o a un tercero que solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en directo, especie o retribución de cualquier naturaleza. El tiempo será de 26 a 45 años.

“El consentimiento de la víctima no será causal de exoneración de la responsabilidad penal”, aclaró Andrade. Y agregó que la conducta se agravará, de una tercera parte a la mitad, si es de un turista o viajero nacional o extranjero:

“También, si constituyere matrimonio o conveniencia, servil o forzado; si es cometida por un miembro de un grupo armado al margen de la ley; si se comete contra menor de 14 años de edad; y si el responsable es integrante de la familia de la víctima.

La iniciativa plantea castigar con pena de 26 a 45 años a quien dirija, organice, financie o promueva o participe de cualquier manera en actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores edad.

Y se multará de 20 a 50 salarios mínimos a la persona que omita informar a las autoridades de cualquier de las conductas abusivas contra menores de edad, mencionadas en el proyecto.