| La ULTIMA entrevista con JOSE FERNANDO CASTRO CAICEDO |
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Por Margarita Suárez
Hace pocos días tuve el privilegio de realizar una entrevista con el Representante a la Cámara José Fernando Castro Caicedo, quien falleciera víctima de un infarto cardíaco que se produjo en el momento que intervenía en la Comisión Sexta del Congreso sobre el tema de la ciclovía bogotana. Gracias a la amistad que me honra tener con su hermano Gustavo Castro Caicedo, con quien trabajamos juntos en la revista Cromos y en RCN cuando él fuera Presidente de la cadena radial, conocí a José Fernando y su esposa Patricia, ambos personas muy amables y talentosas.
José Fernando había nacido al igual que sus hermanos en Zipaquirá, tenía 57 años y era abogado y economista. Fue el primer Superintendente de Servicios Públicos que hubo en Colombia y por tanto el encargado de implementar la Ley 142 que la creó, también ocupó con éxito el cargo de Defensor del Pueblo.
Siempre estuvo metido en la política contando en las campañas con la asesoría permanente de su hermano Gustavo, una especie de "gurú" en el tema de marketing político. Germán, escritor de libros exitosos y crítico taurino, apasionado de la fiesta brava que nos unió en amistad, tuvo una relación más distante con su hermano José Fernando. Su hermana Consuelo compartía con Gustavo y José Fernando el gusto por la política, incluso fue candidata al Concejo de Bogotá.
Lamentamos profundamente la pérdida de quien fuera un gran ser humano y un excelente profesional. La tristeza embarga no sólo a su familia sino a todos los que consideramos fuimos sus amigos. Con gran afecto me permito presentar a los lectores de Nueva Imagen el texto completo de la entrevista con Colombia Ganadera:
José Fernando Castro Caicedo: “DEBEMOS DARLE LA MANO AL CAMPO”
José Fernando Castro Caicedo, ex Superintendente de Servicios Públicos y ex Defensor del Pueblo, es nuestro invitado a las páginas de COLOMBIA GANADERA para hablar sobre la situación de los servicios públicos en el sector rural.
Este personaje que hoy día es Representante a la Cámara, lidera la defensa de los usuarios de servicios públicos desde la Comisión Sexta, como vocero del partido Cambio Radical en esta materia.
Cuando le planteamos la preocupación del sector agropecuario por el alto costo de los servicios públicos y la poca cobertura, suelta una frase contundente: “Soy conciente que debemos darle la mano al campo, nosotros no podemos competir mundialmente haciendo carros o alardes tecnológicos. Deberíamos estar compitiendo con alimentos, ese tendría que ser nuestro gran fuerte”.
La nueva ley de servicios
Castro Caicedo lideró en la Cámara de Representes el proyecto aprobado en esa corporación, que modifica y adiciona la Ley 142 de 1994 que rige los servicios públicos. Este proyecto actualmente hace tránsito en el Senado.
Entre los puntos aprobados por la Cámara sobresale el que se refiere a establecer que los consumos de energía eléctrica de las empresas de acueducto y alcantarillado destinados al bombeo, tendrán tarifas al costo del servicio, pues en la actualidad se está trasladando un sobrecosto al servicio de acueducto por concepto del servicio de energía que socialmente es injustificado. Así mismo, se establece que la tarifa del servicio público de electricidad para los distritos de riego que sean menores a 50 hectáreas, se considerarán incorporados al Estrato 1.
Los medidores
Otro artículo aprobado se refiere a los medidores que antes eran responsabilidad de los suscriptores y además tenían que pagarlos. La reforma señala que “Las empresas de servicios públicos adquirirán, instalarán, mantendrán y repararán los instrumentos necesarios para medir los consumos de los suscriptores”. En concepto del Parlamentario, se había vuelto un negocio cambiar los contadores y cobrarlos al usuario. “Los contadores los va a poner la empresa no el ciudadano. Nuestro argumento es que esta es la ‘caja registradora’ que permite facturar el consumo y no tenemos porqué ponerla los usuarios”, afirma José Fernando Castro.
La financiación para los servicios públicos no existía y en la reforma queda que el usuario cuando va a instalar cualquiera de los servicios tiene derecho a que le hagan financiación, en especial en los Estratos 1,2 y 3. Sin cargo fijo“Estamos desmontando el cargo fijo, ya de hecho en energía no lo hay”, asegura Castro Caicedo. “Si uno no está en la casa o en la finca no tiene porqué pagar un cargo fijo, las empresas dicen que es la disponibilidad, pero eso es lo mismo que pagar un cargo fijo por estar disponible el transmilenio, porque cuando yo salga ahí está el bus. El usuario debe pagar sólo lo que consume. Cuando se paga la instalación ya tendrá que haber disponibilidad del servicio”, asegura.
“Este es el único artículo que tiene oposición, porque a la señora Superintendente de Servicios Públicos le ha dado por moverse a hacer lobby en el Congreso para no proteger a los ciudadanos”, afirma el parlamentario muy serio. Considera que la eliminación del cargo fijo inducirá a una mejora en la eficiencia de las empresas, pues ya no tendrán la comodidad de cobrar el cargo fijo –lo cual en la actualidad les significa un apreciable porcentaje de sus ingresos-, sino que tendrán que refinar y mejorar sus sistemas y procedimientos comerciales, particularmente en asuntos como la medición de los consumos, la modernización de la medición, los procedimientos de lectura y el control sobre las acometidas para disminuir los fraudes.
Cobertura
Según la encuesta de calidad de vida adelantada por el Dane en el año 2003, que es el dato oficial más reciente y por ende el que usa Planeación Nacional, para esa fecha la cobertura en energía eléctrica era de 99,8% en el sector urbano y 83,1% en el sector rural. La situación varía considerablemente en el tema del servicio de acueducto, que arroja un cubrimiento de 97,6% para el sector urbano y tan solo un 53,5% para el sector rural, es decir que casi la mitad de esta población no tiene acceso al servicio.
En el tema de alcantarillado la situación se torna más crítica si tenemos en cuenta que hay una cobertura del 90,5% en el sector urbano y un 16,0% en la zona rural. Igual ocurre con el servicio de recolección de basura, de 93,4% en lo urbano y 16,7% en lo rural. El porcentaje de los hogares con gas natural conectado a red pública, según la misma encuesta del Dane, es de 46,8% para el sector urbano y 2,4% para el rural. En cuanto a hogares con servicio telefónico tradicional, hay un 68,9% en lo urbano y 10,7% en lo rural.
Como se puede apreciar la cobertura de servicios en el sector rural es muy inferior a la de la zona urbana.
La cuarta parte
Colombia es habitada por 43.926.034 personas, de las cuales el 25% (11.023.960) pertenecen al sector rural, es decir la cuarta parte. Las condiciones de vida en el campo han desmejorado por motivo del conflicto y por el ajuste económico que se produjo en la década de los noventa como parte del proceso de inserción en el comercio mundial.
Aún cuando el sector agrícola abastece la demanda local y presenta una balanza comercial positiva, que representa el 29% de las exportaciones, contribuyendo en un 15,4% del PIB nacional, el empleo se redujo en un 23% y las áreas cultivadas en 800.000 hectáreas durante la última década.
COLOMBIA GANADERA: ¿Cree usted que la baja cobertura de servicios públicos influye para que la gente se desplace del campo a la ciudad?
JOSÉ FERNANDO CASTRO: "Lo que influye y tiene una gran incidencia en el tema de la violencia no se la atribuiría tanto a los servicios públicos. También la falta de protección a los productos agrícola, ya que a partir de la apertura se acabó con la Caja Agraria. Con la supresión de los almacenes de esta entidad desapareció ese regulador que mantenía los precios de los insumos controlados. Otro problema es el mercadeo, en la Sabana se ve cómo el productor con gran dificultad lleva sus artículos a Corabastos, y cae en una mafia, eso desanima al campesino".
CG: Los costos de energía son demasiado altos en el sector rural, hay gente que se ha quebrado por eso. ¿Qué opina al respecto?
JFCC: “Hay que diferenciar dos tipos de energía en el área rural, la de vivienda tiene subsidio, la de uso agroindustrial no tiene subsidio. Son políticas que están fijadas. Eso indica que no hay protección al campesino. Infortunadamente el gobierno no protege. Ese es uno de los problemas que tiene el país en mi criterio. El primer paso para abaratar costos, fue el que dimos con la reforma en los distritos de riego”.
CG: El hecho de no tener agua potable en el campo afecta los alimentos que se consumen en la ciudad… ¿Qué se puede hacer para mejorar este servicio?
JFCC: “El estado está entregando transferencias a todos los municipios, pero esos recursos en muchos casos no han sido bien invertidos. Va a haber un seguimiento por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que no existía, para conocer qué están haciendo los alcaldes con las transferencias para coberturas de agua potable, que son sumas bastante grandes. Con esas partidas, si los alcaldes tienen buena gestión, pueden solucionar el problema de agua potable y uno que va de la mano, que tiene que ver con la salud pública, que es la disposición final de las basuras”.
CG: Los campesinos ven pasar los cables o tubos de los servicios públicos por sus fincas y en muchos casos no pueden tener acceso a ellos. ¿Qué se puede hacer para evitar esta situación?
JFCC: “Todas las personas tienen derecho a recibir los servicios y si está la infraestructura hay la obligatoriedad para las empresas de suministrarlos”. CG: A pesar de la reforma, queda mucho por hacer para mejorar la cobertura y los costos de los servicios en el sector rural… JFCC: “Propongo una reunión con los directivos de UCEBUL para escuchar sugerencias. Estoy dispuesto a trabajar de la mano con el gremio para sacar adelante las iniciativas necesarias para el mejoramiento del sector rural, pues como le dije al comienzo nosotros somos concientes que debemos darle la mano al campo”.
CG: Una propuesta es crear líneas de crédito con intereses bajos para quienes fomenten el uso de fuentes alternas como energía solar, con incentivos tributarios para la adquisición de los elementos necesarios…
“Eso sería muy bueno. Hagamos la reunión para oír qué ideas tienen. Propongo una audiencia pública en la comisión sexta de la Cámara, para exponer los problemas. Invitamos a las autoridades del ramo y analizamos las conclusiones, de acuerdo a eso miramos si se puede buscar protección a este tipo de actividades”.
Fotos: Camilo Álvarez.
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